​

RESUMEN EJECUTIVO

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de marzo de 2020 la pandemia por COVID-19 y el día 18 del mismo mes se registró en México el primer deceso atribuible al virus SARS-CoV-2, por lo que dos días después la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspendió las clases presenciales en las escuelas de todo el país y 38.7 millones de alumnos, docentes y trabajadores del sector educativo iniciaron su aislamiento social. El 30 de marzo, nueve días después de la suspensión de clases presenciales, el Consejo de Salubridad General (CSG) de México declaró emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y ordenó que las actividades económicas no esenciales se detuvieran a partir del 1º de abril.

De acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins —centro de referencia en el seguimiento de la pandemia del COVID-19—, el total de personas infectadas en el mundo al cierre de 2020 ascendió a 83 millones de personas, y de estas perecieron 1.8 millones. En México, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, los cuales están subestimados, la población contagiada fue de 1.4 millones de personas, y fallecieron 126 mil. Así, mientras la tasa de letalidad a nivel mundial fue de 2.2 por ciento, la correspondiente a México fue de 8.8 por ciento. Por su parte, la tasa de mortalidad fue en promedio mundial de 23 personas muertas por cada cien mil habitantes, en tanto que en México fue de 99 personas.

Según el reporte publicado el 24 de noviembre del año pasado por Bloomberg, “The Covid Resilience Ranking”, México ocupaba el último lugar de una lista de 53 países con un GDP superior a los 200 billones de dólares internacionales (PPP). De acuerdo con dicho ranking, los 11 países que mejor habían encarado la pandemia eran Nueva Zelanda, Taiwán, Australia, Noruega, Singapur, Finlandia, Japón, Corea del Sur, China, Dinamarca y Canadá. Por su parte, Alemania, Reino Unido, Francia y Estados Unidos, cuatro potencias industriales, ocuparon los lugares 21, 30, 34, y 37, respectivamente. Los últimos cinco lugares correspondieron a Italia, Grecia, Perú, Argentina y México. El reporte de Bloomberg concluye que América Latina es la región más devastada por la pandemia.

Una de las principales medidas que recomendó la OMS para controlar la pandemia fue la de hacer la mayor cantidad de pruebas posibles; los países que las hicieron y además establecieron medidas de contención temprana y bien focalizadas, con campañas de rastreo e información pública, fueron los países en donde se perdieron menos vidas. En el caso de México, las pruebas masivas realizadas para la detección de la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, es decir, las PCR, fueron pocas en comparación con las aplicadas en otros países. De acuerdo con datos disponibles al cierre de 2020, en México equivalieron a 26 personas por cada cien mil habitantes, mientras que en los EUA a 751, en Canadá a 365, en Italia a 440, en Dinamarca a 1,814, en India a 125, en Chile a 337 y en Uruguay a 184 personas.

 
Las drásticas medidas de distanciamiento social y de restricción a la movilidad laboral que la OMS recomendó para enfrentar la pandemia del COVID-19, origino un fuerte choque de oferta y demanda agregadas a nivel mundial, por lo que en un proceso sincrónico sin precedentes, el PIB cayó de manera dramática en el 90 por ciento de los países. Es decir, aunque la pandemia es por encima de todo una crisis sanitaria, ha tenido un impacto sumamente adverso en el comercio, la industria, el empleo, el bienestar social y en las condiciones de vida de amplios sectores de la población mundial.

 

El Banco Mundial estima que en 2020 el PIB Global experimentó un retroceso de 4.3 por ciento, algo no visto desde la “Gran Depresión” de los años treinta del siglo pasado. Si bien lo anterior afectó el nivel de vida de amplios sectores de la población, en particular incidió en el ingreso del 40 por ciento de la población más pobre del mundo; de ahí que el Banco Mundial estime que en 2020 el número de personas que cayeron en situación de pobreza oscile entre 88 y 115 millones. Si la pandemia no hubiera convulsionado al mundo –precisa el Banco Mundial–, la tasa de pobreza en vez de elevarse a niveles de 9.1 o 9.4 por ciento de la población mundial, habría descendido a 7.9 por ciento. Cabe señalar que desde principios de la década de los años noventa del siglo pasado, la pobreza mundial venia registrando en promedio anual una reducción de un punto porcentual.

En el caso particular de México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), estima que en 2020 el número de pobres extremos en México aumentó entre 6.1 y 10.7 millones; y señala que el país está enfrentando la crisis en condiciones de vulnerabilidad, dada la alta prevalencia de diabetes y enfermedades cardiovasculares, la precariedad laboral, problemas de acceso al agua y de hacinamiento, lo que obstaculiza la adopción generalizada de medidas preventivas y de acceso a derechos sociales: salud, alimentación, educación, vivienda y seguridad social. En este contexto, si se comparan diferentes indicadores sanitarios, económicos, sociales y de desigualdad, México es uno de los países mas afectados por la pandemia; las debilidades y brechas estructurales históricas, su reducido espacio fiscal, la escasa cobertura y acceso a la protección social, la elevada informalidad laboral, la heterogeneidad productiva y la baja productividad, son elementos centrales que explican los efectos adversos de la pandemia.

Las medidas de distanciamiento social y de suspensión de actividades económicas no esenciales acordadas por el CSG el 31 de marzo de 2020, originaron que en el mes de abril el 52.4 y el 60.5 por ciento de las empresas del sector manufacturero y del sector servicios suspendiera sus actividades de manera total o parcial. Como consecuencia de ello, el PIB de México registró en ese mes una caída anual de 20 por ciento, y dejaron de trabajar 12.5 millones de personas. De este total, cabe apuntar, 11.3 millones dejaron de percibir ingresos, lo que explica que el gasto en consumo de los hogares en bienes y servicios haya registrado una caída anual de 22.8 por ciento. En el mes de mayo la caída del PIB y del consumo privado de las familias resultó mayor, de 22.5 y 25.4 por ciento anual, respectivamente. Por el lado de la oferta agregada, destacan las caídas de 36.9 y 36.5 por ciento anual de las manufacturas y de la construcción; y de 71.9 por ciento anual de los servicios de alojamiento y elaboración de alimentos, y de 35.1 y 36.3 por ciento anual del comercio al mayoreo y al menudeo. En mayo retornaron a su trabajo solamente 284 mil personas, por lo que el nivel de ocupación se mantuvo prácticamente igual que el mes anterior, en 43.6 millones.

El 31 de mayo, luego de dos meses de suspensión parcial o total de actividades económicas no prioritarias, el Consejo de Salubridad General decretó el inició de la apertura socioeconómica con un semáforo de riesgo epidemiológico semanal, siendo los estados y municipios los responsables de su gestión. En consecuencia, en el mes de junio, el 73 y el 60 por ciento de las empresas manufactureras y de servicios operaron con relativa normalidad. En consecuencia, la caída anual del PIB y del consumo privado fue menor, de sólo 13.3 y 18.4 por ciento, respectivamente, a la vez que 4.8 millones de personas retornaron a su trabajo, por lo que la población ocupada pasó de 43.6 a 48.3 millones. No obstante, en junio el nivel de ocupación resultó 13 por ciento inferior al registrado en igual mes de 2019; en el sector industrial el nivel de ocupación fue 17.7 por ciento menor, y en el de servicios 12.1 por ciento. El nivel de ocupación en restaurantes, servicios de alojamiento, transportes, comunicaciones, correos y almacenamiento, fue 25.9 por ciento inferior al observado en igual mes de 2019.

Adicionalmente, en julio, agosto y septiembre regresaron a laborar 2.8 millones de personas que por el COVID-19 habían permanecido en casa. De esta manera, la población ocupada pasó de 48.3 a 51.1 millones. Como resultado de ello, el gasto en consumo de las familias en bienes y servicios mostró en el tercer trimestre del año una caída menos pronunciada, de 12.7 por ciento anual, lo que determino en buena medida que el PIB hubiera registrado en igual trimestre un descenso de solo 8.6 por ciento anual, porcentaje menor al 18.7 por ciento observado en el segundo trimestre del año. En octubre retornaron al trabajo 1.9 millones de personas, pero en noviembre dejaron de trabajar 34 mil personas, y en diciembre, por cuestiones estacionales y por que el semáforo rojo se prendió en varias entidades del país, se estima dejaron de trabajar 1 millón 119 mil de personas. Así, al terminar 2020, la población ocupada ascendió a 51.8 millones, cifra 3.9 millones inferior a la registrada en el mes de marzo de 2020; esto es, antes de que empezaran a implementarse las medidas de sana distancia y cierre de actividades económicas no prioritarias.

La ocupación en el sector informal de la economía, que en crisis económicas anteriores había actuado como amortiguador, en esta ocasión no fue así, pues en abril de 2020 abandonaron el trabajo 6 millones de personas; si bien conforme transcurrió el año fueron retornando de manera gradual a sus labores. De esta manera, al finalizar 2020 las personas ocupadas en dicho sector sumaban 14.8 millones, cifra equivalente a 27.9 por ciento de la población ocupada. Si se consideran también las personas que trabajan en la informalidad, las que no pagan impuestos y no tiene derecho a la seguridad social, se tiene que al finalizar el año pasado había en el país alrededor de 29 millones, esto es, el 56 por ciento del total de la población ocupada.

El Centro de Análisis Macroeconómico estima que en 2020 el PIB real de México se contrajo en promedio anual 8.6 por ciento. La caída se explica en gran medida por la contracción de 10.5 por ciento que registró el gasto privado en consumo de las familias, el principal componente de la demanda agregada, así como por el retroceso de 19.7 por ciento que mostró la inversión fija bruta del sector privado. Desde una perspectiva histórica amplía, la caída del 8.6 por ciento del PIB es, después de la caída de 10 por ciento observada en 1914, año en el que inició la etapa mas violenta y destructiva de la revolución mexicana, y la de 14.9 por ciento registrada en 1932, consecuencia de la “Gran Depresión” de los Estados Unidos, la tercera más pronunciada observada desde 1900. Si se compara la caída del PIB de México, con las caídas de 3.6 y 5.7 por ciento que se estima registraron los Estados Unidos y Canadá en 2020, la de México es mas pronunciada, pues mientras los principales socios comerciales del país instrumentaron una política fiscal de gran aliento para apoyar a las empresas y a los trabajadores, equivalente a 12 por ciento del PIB, el gobierno de México acordó un apoyo fiscal de solo 0.7 % del PIB. Lo anterior tendrá un impacto adverso en la economía mexicana no sólo en el corto, sino también en el mediano y largo plazos, pues mientras la recuperación de la economía norteamericana y canadiense será en “V”, la de México será en “W”, esto es, la actividad económica repuntará en 2021, caerá nuevamente en 2022, y se estancará en 2023 y 2024.

Al igual que el año pasado, el comportamiento de la economía en 2021 estará determinado fundamentalmente por la evolución de la pandemia, por lo que las medidas de distanciamiento social y el cierre de actividades económicas no prioritarias serán inevitables, lo que impactará de manera adversa la actividad económica. Además de la variable anterior, la evolución de la economía estará determinada por otras variables, entre las que destacan tres: 1) la política fiscal y económica del gobierno; 2) la evolución de la inversión privada nacional y extranjera; y 3) la recuperación de la economía de los Estados Unidos.

Para poder anticipar el grado de endurecimiento o relajamiento de las medidas de restricción de la movilidad de la población durante 2021, el Centro de Análisis Macroeconómico elaboró un Modelo de Simulación Epidemiológico (MSE) que estima a grosso modo el número de contagios y decesos por COVID-19 en 2021. El modelo de simulación opera bajo seis supuestos: 1) Tasa de Letalidad; 2) Tasa de Mortalidad: 3) Semáforo Epidemiológico; 4) Índice de Rigor de contención de la movilidad de la población por contingencia sanitaria de la Universidad de Oxford, OSI por sus siglas en inglés; 5) Velocidad en la aplicación masiva de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2; y 6) Sindemia, esto es, la ocurrencia simultánea del COVID-19 y la influenza estacional.

Si bien los laboratorios farmacéuticos más importantes del mundo (AztraZeneca, Moderna Inc., CanSino Biologics, BioNTech SE, Pfizer Inc., Sinovac Biotech Ltd., Novavax Inc., Johnson & Johnson, Sanofi, Glaxo Smith Kline, Plc., etc.), desarrollaron en un tiempo récord 169 vacunas candidatas para el COVID-19, solo 26 están en la fase de ensayos en seres humanos, y únicamente dos han sido aprobadas. En efecto, el 11 de diciembre de 2020 la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), autorizó para uso emergente la vacuna de Pfizer/BioNTech para personas de 16 años o más, y la de Moderna Inc., para personas de 18 años o más. Según los análisis realizados por la FDA, estas son altamente profilácticas, pues la vacuna de dos dosis espaciadas de Pfizer/BioNTech tiene aproximadamente 95 por ciento de eficacia, independientemente de la edad, la raza u otros riesgos de enfermedad grave por una infección, y la de Moderna alrededor de 94.5 por ciento en personas de todas las edades, raza, origen étnico y sexo. A su vez, la Organización Mundial de la Saludo aprobó el 31 de diciembre de 2020 el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer/BioNTech contra el COVID-19, siendo la primera que autoriza.

La aplicación masiva de las vacunas enfrenta sin embargo grandes retos, pues además de que deberán producirse millones de vacunas en un tiempo relativamente corto para satisfacer la demanda mundial, hay cuestiones de logística, como el transporte, el almacenamiento y la distribución, que son de gran complejidad. Tanto la vacuna de Pfizer como de la Moderna requieren un almacenamiento en frío a temperaturas específicas —la de Pfizer requiere 70 grados centígrados bajo cero, y una vez descongelada tiene vigencia de solo cinco días—, lo que significa que los hospitales y clínicas, así como los medios de transporte utilizados para su distribución, deben estar equipados con congeladores y refrigeradores especializados para mantener estables los medicamentos.

 

Otro problema que se avecina es la asignación global equitativa de las vacunas, pues hasta el momento solo los países de ingresos altos han establecidos acuerdos bilaterales con desarrolladores y fabricantes de vacunas para la adquisición anticipada de casi cuatro mil millones de dosis contra el COVID-19, lo que sugiere que los países de ingresos bajos se limitarán al Pacto COVAX, esto es, al mecanismo global de riesgo compartido para la adquisición conjunta y la distribución equitativa de eventuales vacunas COVID-19, el cual tiene asegurado acceso a casi dos mil millones de dosis de varias vacunas candidatas prometedoras, de tal suerte que las 190 economías participantes y elegibles de COVAX, puedan acceder a dosis para proteger a los grupos vulnerables en la primera mitad de 2021.

El Modelo de Simulación supone que en abril de 2022 se logrará la “inmunidad de rebaño” a nivel planetario, es decir, cuando el 75 por ciento de la población mundial (6 mil millones de personas), estén vacunadas. En el caso de México, se alcanzará en el mes de junio de 2022, cuando 96 millones de mexicanos estén inmunizados. De acuerdo con el modelo, al finalizar 2021 la población mundial contagiada por el COVID-19 ascenderá a 172 millones de personas, cantidad equivalente a 2.2 por ciento del total de la población mundial, y fallecerán 3.4 millones. En consecuencia, al finalizar 2021 la tasa mundial de letalidad será de 1.8 por ciento, y la de mortalidad de 22 personas por cada cien mil habitantes. En el caso específico de México, 2.8 millones de personas contraerán el coronavirus, cantidad equivalente a 2.2 por ciento del total de la población del país, y 219 mil personas fallecerán, cantidad que representa al 6.4 por ciento de los decesos a nivel mundial. Así, la tasa de letalidad en México será de 6.7 por ciento, casi cuatro veces mas que el promedio mundial, y la de mortalidad de 73 personas por cada cien mil habitantes, tres veces mas que el promedio mundial.

El Modelo de Simulación supone que en los tres primeros meses de 2021, el número de contagios y decesos será significativo, por lo que es factible suponer que el semáforo rojo se prenda en buena parte de las entidades federativas. Por lo tanto, el índice de rigor de contención de la movilidad social ISO-Oxford se ubicará alrededor de 70 puntos en enero, febrero y marzo de 2021, a la vez que el sector manufacturero y el sector servicios suspenderán en 15 y 30 por ciento sus actividades de manera total o parcial. De esta manera, en el primer trimestre de 2021 el PIB disminuirá 7 por ciento anual, el gasto en bienes y servicios de los hogares en 6.1 por ciento anual, y la ocupación en 6.6 por ciento anual. En la medida en que el proceso de vacunación masiva avance, las medidas de contención de la movilidad social empezaran a relajarse, por lo que ciertas actividades económicas empezaran a dar señales de recuperación. Hay que anotar empero, que si bien a partir de abril del presente año algunos indicadores económicos empezarán a registrar tasas positivas de crecimiento, esto será resultado mas bien de un “rebote estadístico”, y no de una recuperación económica propiamente tal; para hablar de recuperación económica, el PIB tendría que crecer por lo menos 9 por ciento en 2021, lo que se vislumbra poco factible.

El Centro de Análisis Macroeconómico estima que en 2021 el PIB de México crecerá solo 4 por ciento en promedio anual. Este incrementó será menor al de otras economías de similar nivel de desarrollo, pues desde que se declaró la pandemia en marzo de 2020, y consecuentemente se suspendieron temporalmente las actividades económicas no esenciales, el gobierno federal no ha destinado los recursos suficientes para apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PyMES), y sobre todo, a los trabajadores que han perdido su empleo y su ingreso. Por otra parte, la política económica instrumentada por el actual gobierno se ha caracterizado desde sus inicios por un claro sesgo “anti-empresarial”, lo que ha generado gran desconfianza entre los agentes económicos nacionales y extranjeros, por lo que es factible suponer que la inversión del sector privado, al igual que la inversión extranjera directa (IED), no muestren en los siguientes meses mejoría alguna; se estima, de hecho, que en el presente sexenio la inversión del sector privado experimente una caída de 20 por ciento, en tanto que el monto de la inversión extranjera directa sea de sólo 120 mil millones de dólares, cifra inferior a la de 213 mil millones registrada en el sexenio 2013-2018. Por lo anterior, el coeficiente inversión privada/PIB disminuirá de 17.3 por ciento en 2018, a 14.6 por ciento en 2024, lo que reducirá significativamente la potencialidad futura de crecimiento de la economía.

 

Se estima en consecuencia, que luego de crecer 4 por ciento en 2021, en 2022 el PIB retrocederá 1.7 por ciento, y en 2023 y 2024 aumentará solo 1.0 y 0.6 por ciento.
Como resultado de lo anterior, en 2024 el ingreso per capita de la población será 10 por ciento inferior al observado en 2018; esto es, en el presente sexenio el país experimentará un severo retroceso en materia de crecimiento económico y progreso social. Si la economía mexicana logra el próximo sexenio crecer a una tasa anual promedio de 2.5 por ciento, en 2030 el ingreso per capita de la población será similar al de 2018.